Al correísmo parece no preocuparle los delitos sexuales
QUITO (O) | Que el abogado defensor del abusador sea precisamente el abogado personal del Presidente de la República tiene un significado muy particular y ese es el mensaje que el poder, consciente o inconscientemente, está enviando a la sociedad.
Tomado de 4PELAGATOS.com (O)
Hasta los más crueles y pervertidos asesinos tienen derecho a la defensa. Ese es un principio fundamental de cualquier sociedad donde impere la ley y donde se acepten los principios básicos de una convivencia civilizada. Incluso José Valdivieso Larco, el profesor del colegio La Condamine que fue condenado a 22 de años por haber abusado de Lucas, un niño de 5 años, tiene derecho a contratar a un abogado para apelar su condena. Y Caupolicán Ochoa tiene, también, pleno derecho a ser su abogado.
Pero que el abogado defensor del abusador sea precisamente el abogado personal del Presidente de la República tiene un significado muy particular y ese es el mensaje que el poder, consciente o inconscientemente, está enviando a la sociedad.
Más allá de una supuesta protección que el gobierno podría estar otorgando al abusador (lo que mientras no sea algo probado es solo una sospecha que por muy bien fundamentada no deja de ser una sospecha) está el hecho de que con la participación de Ochoa como abogado defensor se está dejando en evidencia, una vez más, la indiferencia o quién sabe si hasta la complacencia con el que el gobierno de Rafael Correa ha tratado y procesado estos crímenes abominables.
Si se observa el silencio oficial y la serie de obstáculos que hubo, por ejemplo, para capturar y sancionar a Jorge Glas Viejó por haber violado y dejar embarazada a una niña en Guayaquil, o la forma en que se procuró, con bastante éxito por cierto, de invisibilizar y minimizar la sentencia a cinco años (por violación a una empleada doméstica) en Costa Rica a José Luis Álava Alvarado, nieto de la ex Embajadora del Ecuador en ese país y sobrino de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, se observa la posición laxa o incluso hasta complaciente que el gobierno ha tenido frente a estos crímenes abominables. Si esta falta de posición y este actuar sinuoso y opaco en casos como los citados se compara con la energía y el vigor que se invirtió en otros casos judiciales como los de los 10 de Luluncoto o los de Galo Lara y Fernando Balda, o incluso de los acusados en el caso del 30S, se puede concluir que para el gobierno de Correa los crímenes como el cometido con el niño del colegio La Condamine tienen muy poca importancia o incluso ninguna.
Caupolicán Ochoa ha sido abogado particular del presidente Correa en casos demasiado emblemáticos como para pensar que su participación como abogado defensor del profesor abusador, no va a influir en los jueces. Ochoa fue abogado en el caso de Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa. También fue el abogado que empujó la sentencia de 15 días de prisión al vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, por haber ofendido la honra de Correa en unas declaraciones. Ochoa, además, fue el abogado de René Ramírez y su esposa Analía Minteguiaga en la denuncia que ambos pusieron en contra del candidato Guillermo Lasso por haber dicho que ella tenía doble sueldo en el Estado.
Cuando son temas de importancia para el gobierno, Rafael Correa se encarga de hacérselo saber a los jueces. Pero en el caso del niño abusado no ha dicho nada. Tampoco dijo nada sobre el papá de Glas o el sobrino de los Alvarado en Costa Rica. No se pretende que el Presidente intervenga para presionar a los jueces en este caso, como sí lo hizo en cambio en el caso del coronel Carrión y del diario El Universo, pero sí ayudaría que muestre al menos cierta sensibilidad sobre lo ocurrido. No hay que olvidar que hay otros temas que lo relacionan con la tragedia de Lucas. Sus hijos han sido alumnos de La Condamine, su esposa trabaja como profesora en ese colegio y la rectora, a más de ser su amiga, es suegra de Omar Simon, su antiguo secretario particular. Que no haya marcado distancia públicamente con Caupolicán Ochoa y que no haya dicho nada sobre el tema deja en entredicho su interés en buscar que se esclarezcan y sancionen temas como éste.
Pero hay más. Existen evidencias de que las relaciones del correísmo no se limitan al abogado del Presidente ni a los nexos de Correa con el colegio. Cristina Burneo relata en una columna publicada en Plan V que existen otros vínculos del gobierno con el profesor de La Condamine y con otros casos que hacen sospechar que el gobierno ha preferido ignorarlos o hasta socaparlos. “Al rastrear al agresor de Lucas, la familia de Paulina (la madre) encuentra el año pasado fotos públicas en su perfil de Facebook. El sentenciado por abuso sexual aparece en una celebración de fin de año junto a las asambleístas Gabriela Rivadeneira y María José Carrión. Son relaciones que no se pueden obviar porque son relaciones de poder. Al mismo tiempo, hay que recordar el certificado de honorabilidad que Rivadeneira emitió contra un acusado de violación en Otavalo, y no olvidamos el caso Glas Viejó”, recuerda Burneo en su columna donde va más lejos aún: “no se puede dejar de mirar que este gobierno se ha convertido en protector del abuso sexual”, dice Burneo.
Si Correa tuviera un interés sincero en que los jueces no se sientan influenciados por la presencia de su abogado particular, entonces podía haber persuadido a Ochoa para que se retire del caso. Por lo que hasta ahora se ha visto, Correa no ha tenido ni mostrado ningún interés en esto. ¿Quiere en efecto que los jueces se sientan presionados? Si no quiere que pida entonces a Ochoa que se aleje del caso.
El drama de Lucas se suma al de la niña que fue violada por Jorge Glas Viejó y al de la mujer violada por Álava Alvarado. Y al correísmo no parece haberle importando mucho el tema.