Consulta popular, ficción democrática 2
ECUADOR (O) | Estimado lector conforme este servidor se comprometió con usted, en esta entrega continuo con los comentarios sobre las preguntas que serán objeto de consulta popular, a continuación, se observará hasta la interrogante 5.
Por: Byron Quelal, columnista invitado (O)
- ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?
Esta pregunta claramente tiene dedicatoria, usted lector podrá imaginarse al receptor, ya que el cuestionamiento planteado no es preguntar si se está o no de acuerdo con el concepto de reelección indefinida, sino, sobre la enmienda que realizó el bloque de Alianza PAIS el 3 de diciembre del 2015, por lo tanto, el fin es claro, deshacer lo hecho vía Asamblea Nacional.
- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al Anexo 3?
La palabra transitorio vuelve aparecer en la palestra de las reestructuraciones a las funciones del Estado, ahora se plantea cesar a un Consejo de Participación Ciudadana que desde su creación no ha representado a la ciudadanía, no ha controlado absolutamente nada, no ha hecho ninguna observación hacia el poder, no ha fiscalizado a nadie, es decir, no ha cumplido su objetivo. Sin embargo, la propuesta de nombrar un Consejo transitorio desde mi punto de vista no brinda una garantía real para cambiar la forma de cómo la ciudadanía debería ser representada dentro del Estado, además, su conformación quedaría sujeto a un régimen de transición propuesto por el presidente de la República, por tanto, nadie podría garantizar que los consejeros transitorios al igual que como acurre con los de ahora no respondan a influencias, favores u órdenes de terceros. Es una pregunta que pretende resolver la crisis de participación con claros vacíos sobre los procedimientos de cómo realizar una participación ciudadana independiente y diáfana.
- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?
Es una pregunta que a toda luz bien podría ser aprobada por vía Legislativa, no es un cuestionamiento que requiera de acuerdos significativos políticos, es decir, si se requiere aumentar la protección hacia niños y adolescentes creo que nadie puede estar en contra de esa posición. Esta es una pregunta de orden social que pretende dar la apariencia de que la consulta a llamarse tiene la misión también de velar por los más vulnerables en cuanto a su integridad y honra personal, de esta manera el gobierno plantea dar la imagen de un buen padre protector que se preocupa de sus hijos (ciudadanos).
- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?
La pregunta sin lugar a dudas plantea que se vea al gobierno como ambientalista, que se vea al presidente como un mandatario verde (no por su movimiento político, sino por cuidar la naturaleza). Lo que preocupa de esta pregunta no es el interés por ganar el apoyo de los movimientos ambientalistas, sino que en caso de ser aprobada ¿Qué pasará con los contratos ya firmados con empresas que ya están explotando esos recursos en reservas o zonas ecológicas? Si se terminan estos contratos unilateralmente, ¿cuál sería el costo de los mismos? ¿Por qué se deja afuera de esta consulta el tema de la explotación de recursos de manera ilegal? ¿Por qué no se pregunta sobre el modelo de explotación sobre los recursos naturales que debe tomar el Estado para la posteridad? Sin duda la naturaleza debe ser resguardada, pero no se puede jugar con las buenas intenciones de un pueblo que seguramente quiere proteger sus recursos ambientales con una pregunta que no soluciona en el fondo del problema, el pésimo diseño de las políticas gubernamentales en material ambiental.